Los inspectores de trabajo amenazan al Gobierno con su primera gran huelga

LUCÍA PALACIOS Madrid

«No se va a acabar la temporalidad con la reforma laboral, sino con un refuerzo de la inspección». Este es uno de los muchos argumentos que emplearon este martes las ocho organizaciones sindicales -entre las que figuran CC OO, UGT, CSIF y el Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS)- para exigir al Gobierno que cumpla con el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para dar respuesta a las carencias que sufre este colectivo. De lo contrario, convocarán una huelga en el primer trimestre del año, según advirtieron. «Sería la primera en la historia de todo el personal del organismo, tanto inspectores, subinspectores como personal administrativo», explicó en rueda de prensa Ana Ercoreca, presidenta de SITSS.

La inspección del trabajo a duras penas alcanza los 3.000 efectivos, una cifra exigua para el nivel de ocupación que tiene España y para las muchas tareas que tienen que acometer, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo les carga cada vez con más planes de actuación.

Los datos evidencian que España tiene una proporción de apenas un inspector de trabajo por cada 15.000 personas de población activa, cuando países como Italia tienen un ratio de uno por cada 7.500 empleados o incluso Francia uno por cada 5.000. También queda lejos de la recomendación de la OIT, que aconseja tener un funcionario por cada 10.000 ocupados.

Por eso una de las grandes reivindicaciones que exige el colectivo es incrementar la plantilla. Consideran que harían falta 1.250 personas para alcanzar un nivel óptimo para desempeñar correctamente su trabajo, aunque rebajaron esta pretensión en el acuerdo de julio que alcanzaron con el ministerio de Trabajo y que -según denunciaron- Hacienda tiene bloqueado.

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— Real Gagnon Wed Sep 14 23:18:25 +0000 2016

«Un inspector de trabajo en Madrid tiene una media continua de 120 expedientes pendientes de actuación entre los que se finalizan y los que se van abriendo», explican fuentes del departamento. «Esto nos lleva a iniciar actuaciones en muchas ocasiones tan tarde que los hechos infractores que se denuncian por parte de los trabajadores ya no se pueden comprobar. O lo que es peor, nos lleva a tener que seleccionar a qué trabajadores ayudar y a cuales no», advierten.

Trabajadores del Ministerio critican que «a día de hoy, la inspección es una loteria que a muy pocas empresas toca, teniendo en cuenta la cantidad de fraude laboral y de seguridad social existente y los medios disponibles, sobre todo humanos».

Para lograr esta mayor plantilla, otro de los aspectos que habría que mejorar es la oferta de empleo público, ya que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir, ya que los estudiantes se decantan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones. De hecho, otra de las medidas que habían pactado en julio era eliminar la brecha salarial, así como alcanzar una mayor digitalización.

Y es que a esta carencia de efectivos y condiciones poco atractivas se unen otras carestías como son falta de recursos materiales y, a su vez, un exceso de carga de trabajo que ha ido incrementándose en estos últimos años, lo que les imposibilita para velar con dignidad por el cumplimiento de la legislación laboral.

«No se va a eliminar la temporalidad ni la precariedad por la reforma laboral, sino con la reforma laboral y un fortalecimiento de la inspección. Si no se refuerza y reforman los medios, esas reformas laborales quedarán en papel mojado. No se construyó la Torre Eiffel solo con planos», defendió Ercoreca, que recalcó que es necesario un nuevo sistema de trabajo.